sábado, julio 20, 2024

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TIRO AL BLANCO N° 207

Los transeúntes y propietarios de vehículos que deambulan y circulan por inmediaciones de la Estación de Servicio Terpel Exposiciones no saben el peligro latente en el que se encuentra ese sector. Ni la guerrilla de Al Fatah o Al Qaeda se imaginan la proporción de lo que son capaces de hacer en Colombia la empresa privada siempre y cuando se cuente con la complicidad de empleados públicos.   
En el mes de septiembre del año anterior se interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia una Acción Popular contra la Alcaldía de Medellín, la Curaduría Urbana Primera de Medellín, la Organización Terpel S.A., Empresas Públicas de Medellín y Ministerio de Minas y Energía, entre otras organizaciones de certificación de calidad, presuntamente por violar la protección de los derechos e intereses colectivos de la comunidad a través de la autorización que otorgaron para la construcción de la Estación de servicio Terpel Exposiciones. En otras palabras, autorizaron la creación de una bomba que hasta el momento ha pasado desapercibida por el ciudadano promedio.
De acuerdo con los denunciantes, la Acción Popular busca amparar y proteger jurídicamente los derechos colectivos vulnerados, prevenir un desastre, y denunciar el comportamiento de algunos servidores públicos, entre otros puntos.
Lo cierto, es que esta Estación de Servicio, es un peligro latente, una bomba de tiempo, porque no cumple las normas técnicas para esta clase de proyectos donde se expenden combustibles líquidos derivados del petróleo como la gasolina, y gas natural vehicular. Además, dicen, no se aplican los respectivos protocolos de seguridad industrial en el manejo de combustibles, debido a que los tanques de almacenamiento están enterrados debajo del puente, situación que puede generar acumulación de gases.
Pero no solamente se incumplen las especificaciones técnicas en la Estación de Servicio Terpel Exposiciones. La manera irregular en que se otorgaron las respectivas licencias de construcción y ambiental deben ser objeto de estudio por parte de los organismos competentes como el Área Metropolitana, Planeación Municipal y la respectiva Curaduría que avaló el proyecto.
La Estación se construyó en el año de 1998 en la carrera 54 Nº 35-35, exactamente debajo del puente “Eduardo Santos” de la Avenida Ferrocarril, que soporta dos calzadas de tres carriles cada una, y que además, está destinada para la circulación de vehículos y peatones entre el norte y el sur de la ciudad y los municipios del Valle de Aburrá. 
El negocio socio, que se posibilitó desde hace 15 años aproximadamente compromete nuevamente al viejo mejor amiguis del Gobernador absolutamente precioso, Sergio Fajardo. Resulta que en esa época el Gerente Regional de Terpel Antioquia era nada más y nada menos que Horacio Vélez de Bedout, quien se desempeñó como Secretario de Hacienda de Medellín durante la Alcaldía del “precioso”, quien además fue cuestionado durante su Presidencia de la fusionada UNE Telecomunicaciones y quien hoy se desempeña como Presidente de la Junta Directiva de la EPS Mixta por encargo del mandatario seccional.
Pues Horacio, inició los trámites para la construcción de la “Bomba de Exposiciones”, proceso en el que, según los denunciantes, se cometieron varias irregularidades administrativas, puesto que el lugar en donde se adelantó el proyecto no es el apropiado.
En el año 98 el predio en donde se construyó la Estación de Servicio estaba a nombre del liquidado Instituto Metropolitano de Valorización, INVAL, carecía de matricula inmobiliaria y estaba destinado al uso público, pero una vez enterada Terpel de la instauración de la Acción Popular se las arreglaron para obtener el documento.
Hay que tener en cuenta que el Puente “Eduardo Santos” se construyó en su momento, pensando en que los bajos se convertirían en parte del ornamento urbano para integrar el espacio público para la ciudad.
Uno de los demandados el Curador Primero de Medellín, Luis Fernando Betancur Merino, se defendió de la denuncia acusando que durante la Alcaldía de Juan Gómez Martínez se hizo una convocatoria entre estudiantes universitarios para priorizar los espacios públicos residuales, con el fin de evitar que fueran invadidos por habitantes de calle. Sostuvo que de esa idea justificó la entrega de ese espacio a titulo de arrendamiento para la construcción de la Estación de Gasolina. Ver licencia de construcción.
Sin embargo, el mismo curador omitió las normas para otorgar la licencia de construcción a ese proyecto. El puente tiene de construido más de 15 años, en un predio comprados aproximadamente en el año 1959.
Para la construcción, el Curador Betancur Merino otorgó la licencia de construcción el 12 de junio del 98 a Terpel para desarrollar en un bien de uso público una Estación de Servicio. La licencia se entregó para un área de 3770 metros cuadrados, pero el municipio a través del INVAL cuando suscribió el Contrato de Arrendamiento sólo entregó 2414,70 metros cuadrados.
La irregularidad radica en que el curador no verificó sí el proyecto cabía en ese espacio. Es decir, la Estación de Gasolina la construyeron en un predio más pequeño del que se requiere y sobre el que se había autorizado la construcción del proyecto.
Pese a que está demostrado que lo único que se necesita para montar un negocio es dinero, porque el resto se compra, los representantes de Terpel Antioquia tuvieron inconvenientes para obtener la totalidad de los documentos exigidos por ley para el proyecto.
Además, Terpel Antioquia había solicitado la licencia ambiental ante el Área Metropolitana y ya la habían negado. Por esa razón, les tocó buscar algunos lobistas, exempleados en ese entonces del municipio para acelerar el trámite.
En la “vuelta” participaron Oscar Arboleda Palacio, Álvaro Pio Valencia y Jorge León Sánchez Mesa, quienes pidieron como contraprestación un dinerillo y la administración de la misma Estación de Gasolina.
Como no hubo acuerdo entre los lobistas y Terpel, se fueron a un proceso laboral en el que lograron obtener unos pesitos… El proceso lo llevó el Magistrado Luis Javier Osorio López en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Radicado 24983 de 30 de agosto de 2005.
El viejo mejor amiguis del Gobernador, Horacio Vélez de Bedout no tuvo impedimentos legales o jurídicos para adelantar las posteriores modificaciones al contrato de arrendamiento de Terpel cuando se desempeñó como Secretario de Hacienda de Medellín, pero su comportamiento como servidor público lo dejan caminando ladeado. Ese cuento de “no todo se vale”, para los fajardistas sólo está escrito en el papel.
El Contrato Nº 02 del día 2 de octubre de 1998 en el que el INVAL rentó el predio de 2414,70 metros cuadrados tiene varias modificaciones. Ver Contrato de Arrendamiento.
Con la liquidación del Instituto Metropolitana de Valorización, se cedió el contrato al municipio a través de la Secretaría de Hacienda cuando se desempeñaba como titular de ese despacho Adolfo León Palacio durante la Alcaldía de Luis Pérez.
Posterior al gobierno de Lupe, llegó Fajardo y sus secuaces, y con él, Horacio para la Secretaria de Hacienda, quien ni corto ni perezoso, modificó y amplió el contrato de arrendamiento a la Estación de Servicio Terpel Exposiciones como lo demuestra este documento.
Un tipo decente se declara impedido por conflicto de intereses, y por lo menos, se toma el trabajo de darle un par de vueltas más para que esa tarea no se vea tan fea…
Durante la Alcaldía de Juan Gómez, Planeación Municipal y la Curaduría Primera cayeron en un semejante error. No verificaron que la obra física cumpliera con los requerimientos que les exigía la licencia, porque el proyecto no  cumplía ni los requisitos básicos.
Las inconsistencias de trámite de la licencia de construcción son dudosas debido a que la solicitó un particular, el arquitecto Jorge Ignacio Marín Cortes ante la Curaduría para construir sobre un bien de uso público, sin conocerse la relación contractual o representación legal con Terpel. Marín Cortes, en ese momento, trabajaba con la firma Laureano Forero y CIA, cuando el Representante Legal de Terpel era Horacio Vélez.
Otro dato cuestionable tiene que ver con que la licencia de construcción se tramitó en el mes de abril de 1998, antes de que la Alcaldía les otorgara el contrato de arrendamiento que fue en el mes de octubre del mismo año. Es decir, el señor curador ni siquiera les exigió el contrato de arrendamiento del espacio donde se adelantaría la obra. Como si fuera poco, el Área Metropolitana, cuando era dirigida por el exsenador Oscar Suárez Mira le otorgó la licencia ambiental a un particular que no tenía ninguna titularidad sobre ese bien.
Hay más. Con base en la Ley 9 de 1989 de Reforma Urbana y Planes de Desarrollo Municipal en su Artículo Sexto, exige que cuando se va a cambiar la destinación a un bien de uso público, es el Concejo Municipal quien autoriza mediante Acuerdo y por iniciativa del Alcalde de turno la designación de un predio. Además, se debe compensar ese predio con otro bien de uso público por haber destinado el anterior a la explotación por parte de un particular. Eso no se hizo, situación que genera pena ajena…
Por: Adolfo León Ospina Mejía
Primero los españoles, luego los ingleses después los estadounidenses y ahora los chinos. La invasión del gigante asiático a nuestro país es tan grande como su tamaño, todos los productos que ahora llenan las estanterías y los anaqueles de los almacenes tienen en su etiqueta la leyenda que reza: made in China.
Y es que la estrategia implementada para despertar la economía de ese país ha generado una crisis en muchos otros. La industria textil colombiana es uno de los reglones de la industria que más ha sufrido, por cientos se han cerrado pequeñas empresas por la incapacidad de competir con los medios de producción de la China y cuando no es la importación (tanto legal como de contrabando) de los productos, es que se mandan a maquilar allí, generando aumento en las cifras de desempleo en nuestro país, incluso marcas nacionales de prestigio como Armi y pronto, Toto y hasta Vélez, recurren a la mano de obra oriental para aminorar sus costos de producción.
El resultado es de doble cara, por un lado los costos de los productos han rebajado, pensar por ejemplo en las luces de navidad, en los tenis y en los bluejeans, pero proporcional a la disminución del valor es la disminución de la calidad, pues la vida útil de estos productos es completamente efímera, y a esto hay que sumarle el aumento, no a largo plazo, del desempleo; por otro lado está el cuestionamiento de las formas de producción, actualmente las empresas Chinas son acusadas de haber creado una nueva forma de esclavitud, sólo la semana anterior, los empleados de la gigante gringa productora de juguetes, Matel, realizaron una marcha de protesta por las condiciones de trabajo en las empresas Chinas donde se manufacturan piezas de los juguetes, denunciaban los protestantes que  los empleados de esas fábricas estaban sometidos a un trabajo de 12 horas diarias, por un pago que no superaba los 200 dólares al mes. Son también frecuentes las denuncias de las fábricas marítimas, enormes barcos con esa nacionalidad en los que se producen diferentes productos mientras al mismo tiempo se transportan, obligando a los empleados a trabajar por lapsos hasta de 20 horas al día.
Así pues que el veto a los productos Chinos, y en general de los producidos por esas economías emergentes (incluyendo la India, la Vietnamita, etc) se ha convertido a un asunto más que de salvaguarda de las finanzas del país, en un asunto de dignidad humana.
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Ruben Benjumea
Soy periodista por vicio y bloguero por pasión y necesidad. Estamos fortaleciendo otra forma de hacer periodismo independiente, sin mucha censura, con miedo a las balas perdidas, pero sin cobardía.