La Procuraduría reiteró continuar con el seguimiento a la situación en el Bajo Cauca, durante el paro minero por el retorno de operativos contra minería ilegal.
La Procuraduría solicitó a la Fiscalía iniciar las investigaciones correspondientes por los delitos ambientales cometidos durante el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, así como la destrucción del acueducto de Tarazá por grupos armados ilegales que dejó sin agua potable a los habitantes del municipio.
En el oficio dirigido al fiscal general, Francisco Barbosa, el Ministerio Público, a través de la delegada de Asuntos Ambientales y Agrarios, sugiere también el inicio de diligencias preliminares por la tala indiscriminada de árboles centenarios en la vía que conduce de Tarazá a Caucasia y la investigación de otros posibles delitos ambientales, afectaciones divulgadas ampliamente por los medios de comunicación y que ponen en riesgo a miles de ciudadanos.
El ente de control reiteró el seguimiento estricto a la situación en la subregión del Bajo Cauca, durante el paro minero por el retorno de operativos contra minería ilegal y rechazó enérgicamente los actos violentos a la infraestructura pública y privada, en la subregión del departamento de Antioquia.
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