Si se demuestra alguna irregularidad la fiscalía podría investigar por prevaricato al Contralor Pablo Garcés, a la Comisión Auditora y al Contralor delegado de Primera Instancia.
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Por primera vez en la historia republicana de la ciudad, la Contraloría General de la República intervendrá de manera funcional la Contraloría Distrital de Medellín para determinar o no las posibles irregularidades que se presentaron durante la investigación que adelantó sobre el contrato entre LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y LA “CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA” para asistir el programa “BUEN COMIENZO”.
Si la Contraloría General de la República demuestra alguna irregularidad la fiscalía general de la Nación podría investigar por prevaricato por omisión y por acción, al Contralor de Medellín Pablo Garcés, a la Comisión Auditora y al Contralor delegado de Primera Instancia.
De acuerdo con la Contraloría General de la República, las denuncias realizadas por la VEEDURÍA TODOS POR MEDELLÍN generó que el ente de control fiscal revisará los motivos por los que la Contraloría local archivó la investigación contra Colombiana Avanza contratada por la anterior secretaria de educación Alexandra Agudelo, quien fuera cuota burocrática del exconcejal por Centro Democrático Alberto Corredor, hoy precandidato a la Alcaldía de Medellín.
Ojo al dato! Por primera vez, @CGR_Colombia, intervendrá funcionalmente a la @ContraloriaMed por caso que investiga la @FiscaliaCol, sobre Colombia Avanza, con relación al programa @buencomienzomed.
Abro hilo pic.twitter.com/VE8jYP6DqE
— Rubén Benjumea (@puntodevistardb) April 11, 2023
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Lo cierto es que el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, decretó la intervención funcional excepcional sobre todos los ejercicios de vigilancia y control fiscal relacionados con el CONTRATO 4600085185, firmado entre la Secretaría de Educación de Medellín y la Corporación Colombia Avanza en el 2020 para atender la modalidad familiar de “Buen Comienzo”.
La Contraloría analizó la queja realizada por “TODOS POR MEDELLÍN” sobre el presunto sobrecosto de unos $2.000’000.000 (dos mil millones de pesos) en la ejecución de dicho contrato que alcanzó un monto final por más de $20.000’000.000 (veinte mil millones de pesos) para la atender la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes a través del programa “Buen Comienzo”.
En apartes de la resolución ordinaria del despacho del Contralor General de la República Número ORD-80112-1467-2023 del 31 de marzo de la presente anualidad se manifiesta:
“Que a través de la página web de la Contraloría General de la República, la señora PIEDAD PATRICIA RESTREPO, Vocera de la Veeduría Todos por Medellín, presenta solicitud de intervención funcional excepcional sobre el proceso de responsabilidad fiscal 016-2022, adelantado por la Contraloría General de Medellín y relacionado con los presuntos hallazgos fiscales en la ejecución del Contrato 4600085185 de 2020, solicitud que fue radicada bajo el numero SIGEDOC 2023ER0033405 y SIPAR 2023-264326-82111-CE”.
En otro aparte continúa:
“Que la solicitante señala que en el informe de la Auditoría Financiera y de gestión Municipio de Medellín vigencia 2020, NM CF AF AF 1102 D01 11 2021 de la Contraloría General de Medellín, se identificaron en relación con el Contrato 4600085185 de 2020, para la ejecución comprendida entre marzo y septiembre de 2020, presuntos hallazgos con incidencia fiscal por un valor total aproximado dos mil trescientos millones de pesos ($2,300’000,000), de los cuales se derivó que se iniciara el proceso de responsabilidad fiscal No. 016-2022; e igualmente se inició proceso penal, sin embargo, señala que posteriormente el Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva, informó mediante escrito del 15 de febrero de 2023, que el proceso de responsabilidad fiscal fue objeto de decisión de archivo y que se surtiría el Grado de Consulta ante el Contralor Distrital de Medellín”.
La resolución explica, además:
“Que la señora PIEDAD PATRICIA RESTREPO, arguye que «Con base en la información pública de la que dispone la Veeduría Todos por Medellín pueden identificarse algunos hechos indicativos, que permiten inferir que entre la fecha en la que se comunicó la audiencia de formulación de imputación y el momento en el que esta se llevó a cabo el proceso de responsabilidad fiscal se aceleró, para que el archivo estuviera antes de la audiencia de formulación de imputación” afirmando que «ni siquiera se recibieron las versiones libres que estaban programadas”.
“Que la señora PIEDAD PATRICIA RESTREPO, Vocera de la veeduría Todos por Medellín, en su solicitud de intervención esgrime que «(…) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto-Ley 403, en lo que respecta a los requisitos de la solicitud, se precisa que de las causales enunciadas en el literal c) se motive la presente solicitud «con base en la duda de la imparcialidad u objetividad de la Contraloría territorial” y en «posibles actos de corrupción”, derivados aparentemente de la forma como se aceleró la decisión de archivo, incluso renunciado a diligencias que presuntamente ya hablan sido ordenadas por el despacho (…) y sin, aparentemente, revisión del trabajo adelantado por LUIS ALFONSO BARRERA SOSSA en el informe de Auditoría de la vigencia 2020, en los que hay evidencias del presunto acto”.
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