A raíz de los actos vandálicos protagonizados por algunos hinchas de la tribuna sur en el partido de futbol que se jugaba entre el Club Atlético Nacional y el América de Cali, la administración distrital de Medellín decidió suspender el “préstamo” del estadio Atanacio Girardot al Atlético Nacional sin analizar las consecuencias económicas que esto acarrea para muchos comerciantes del sector.
Lo primero que debemos decir sin adentrarnos en las dificultades internas del equipo Atlético Nacional con sus barras, es que el manejo durante y después de ese partido no fue el adecuado ni por el alcalde ni por el secretario de Gobierno del Distrito, quienes debido a su cercanía con actores que se encuentran en ese conflicto en vez de conciliar los ánimos lo que hicieron fue fortalecer el discurso de confrontación entre los empresarios dueños de este equipo y grupos de barristas, imponiendo ese discurso político de lucha de clases, como si acá también se tratará del GEA y los sectores populares que dicen representar, pero ahora con el grupo Ardila Lülle y los barristas de una tribuna, tomando partido hacía estos últimos.
En segundo lugar se encuentra como se ha venido manejando, no solo en esta administración, el tema de la seguridad en el estadio Atanacio Girardot, ya que a partir de la Política Pública de Cultura del Fútbol aprobada desde el año 2017 se están invirtiendo rubros en temas que buscan espacios de interacción entre hinchas de sus dos equipos y el distrito de Medellín, sin embargo cabe preguntarnos, si como se ha venido realizando, el código de policía y convivencia ciudadana permite que particulares puedan prestar servicios por así llamarlos logísticos de seguridad en eventos, cuando estos deben estar a cargo de quién lo realiza y de las autoridades competentes.
Algo que también llama la atención es, por qué el día del partido no funcionaron las cámaras de biometría instaladas en el estadio, las cuales identifica a partir de las imágenes captadas del rostro de los asistentes sus datos personales de identificación. Esto hubiese podido ayudar a la identificación de quienes realizaron los desmanes.
Por último, si supuestamente es como dice el alcalde Quintero, que él representa los sectores populares y marginados, no debió suspender el préstamo del estadio, que contrario a lo que él dice no es préstamo, porque los equipos pagan un arriendo e impuestos cada vez que juegan en el estadio Atanacio Girardot.
Es todo un sector de economía formal e informal que se beneficia cada vez que los equipos de la ciudad juegan en el Atanacio, se habla de cifras alrededor de los 8.000 millones de pesos. Si en su mayoría los desmanes fueron protagonizados por hinchas de una tribuna en especial, debió sancionarse solo esa, y en su reemplazo permitirse mediante convenios o gratuitamente que niños de barrios periféricos del distrito asistieran a esa tribuna durante el tiempo que durara la sanción, así no se vería afectada la economía de muchas familias que su sustento se deriva de cuando se juega en el estadio.
PD: El que si la sacó del estadio fue el alcalde de Envigado Braulio Espinosa, quien, ante los continuos enfrentamientos entre directivos, hinchas y administración distrital de Medellín, decidió poner a disposición el polideportivo sur. Este alcalde dimensiona lo que representa para la ciudad y para sus hinchas cuando uno de sus equipos juega de local.
