Autor: Alex Chaverra Valencia

Laura Sarabia, quien fungía como jefe de Gabinete del presidente Petro, fue acusada de obligar a su niñera, Marelbys Meza, a someterse a la prueba de polígrafo para investigar el robo de una maleta en su hogar.

Según Meza, Sarabia la acusó de haber robado la maleta y la obligó a someterse al examen para demostrar su inocencia. Sin embargo, la prueba no arrojó ninguna evidencia que vinculara a Meza con el robo y ella negó haberlo cometido. Posteriormente, Meza presentó una denuncia contra Sarabia por abuso de poder y violación de sus derechos humanos.

En la denuncia de la niñera esta manifiesta que el 30 de enero fue llevada a un edificio al frente de la Casa de Nariño, donde fue interrogada por los hechos y además sometida a una prueba de polígrafo, al parecer por personal perteneciente a la protección presidencial. La denuncia fue aceptada por la fiscalía y se encuentra a la espera del proceso judicial.

Lo que podría ser un problema interno en la vivienda de la exjefe de gabinete pasó a un ventilarse en medios de comunicación, que ha dado a conocer el abuso de poder de esta exfuncionaria, porque si bien en Colombia no existe regulación de la prueba del polígrafo sobre un trabajador, tampoco existe prohibición expresa sobre su práctica, y aunque la señora Sarabia podría aplicarla, siempre y cuando contara con el consentimiento de la empleada, llama mucho la atención el por qué la desplazó hasta un lugar cercano a la Casa de Nariño y utilizó personal adscrito a la Presidencia de la República para practicarla, cuando el deber ser era que acudir a la fiscalía para interponer la denuncia por el presunto robo de su maleta.

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El 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente mientras se llevaba a cabo una investigación en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. La decisión fue tomada después de que la Corte encontrara pruebas suficientes para sospechar que Uribe había intentado presuntamente manipular a testigos para que declararan a su favor en un caso que involucraba a un senador de la oposición.

El caso en cuestión se remonta a 2012, cuando Uribe acusó al senador Iván Cepeda de tener vínculos con grupos paramilitares y presentó pruebas falsas contra él. Cepeda denunció a Uribe por manipulación de testigos, y después de una larga investigación, la Corte Suprema decidió abrir una investigación formal contra el expresidente.

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En el calendario se estableció el día 29 de julio de 2023 como fecha en la que los aspirantes a las corporaciones a elegir en octubre pueden iniciar propaganda electoral tres meses antes del día de elecciones.

No obstante, el auge de candidaturas por firmas, es decir, aquellos candidatos que inscribieron comité promotor y buscan el aval de la ciudadanía para respaldar su aspiración, estarían infringiendo la ley.

En los artículos 24 de la Ley 130 de 1994 y 35 de la Ley 1475 de 2011 coinciden en establecer que todo despliegue publicitario que se realice con la finalidad de obtener apoyo electoral en favor de partidos o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular, del voto en blanco, o de una opción en los mecanismos de participación ciudadana, antes de los tres meses anteriores a la fecha de las elecciones resulta en una conducta vulneradora de la normativa electoral.

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Las contralorías territoriales se encuentran coaptadas por grupos políticos en las distintas regiones del país, de ahí, que, quienes se atreven a denunciar se sienten desfallecer ante la lentitud de las investigaciones que se presentan.

Quienes ostentan en su mayoría el cargo de Contralor se debe someter para su elección a un cabildeo ante diputados y concejales del territorio donde pretende hacerse elegir.

Esto, porque, aunque la norma exige concursos de méritos, la realidad es que tanto en Asambleas como Concejos interpretan y estructuran puntajes con el fin de facilitar la elección y posterior nombramiento del participante que demuestran todo, menos el mérito para el cargo.

Designado el nuevo contralor, la retribución comienza una vez se posesiona el “jefe de control fiscal”. La carga burocrática se empieza a realizar con los nombramientos de los cargos directivos y estratégicos, personal que coincidencialmente hacen parte de los equipos políticos de los diputados y concejales que eligieron al “contralor controlado”.

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En Colombia existe una división de poderes entre las diferentes ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial, así como órganos autónomos para el ejercicio de funciones específicas, por lo que, en este sentido, el presidente de Colombia no es el jefe de ninguno de estos funcionarios.

Las recientes declaraciones del presidente Petro contra del fiscal general Barbosa, en las que lo califica como su subalterno ponen en riesgo la estabilidad institucional del país. Una cosa es solicitar a la Fiscalía información de los avances en determinadas investigaciones, que cómo jefe de Estado es normal que las pueda solicitar, y otra muy diferente, proclamarse de manera autócrata como el jefe del fiscal general de la Nación.

El Artículo 115 de la Constitución bajo cualquier circunstancia no puede entenderse con base a ideas que han sido derrotadas por el constitucionalismo de que el jefe de Estado es el Estado, en pocas palabras «El Estado soy yo», actitud que contraría el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho y la vida democrática de la Nación. Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional.

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Nos encontramos en la nueva generación de Inteligencia Artificial IA, y aunque no es un término nuevo, se ha venido avanzando a medida que lo hace la ciencia, el nuevo modelo informático no se limita a difundir los contenidos que producen los humanos, sino que puede producir el contenido por sí misma.

Textos, melodías, series de televisión y las imágenes, son creados ahora por una inteligencia no humana. Según las proyecciones para el año 2026 este modelo de IA será capaz de escribir comentarios de texto mejor que un estudiante de bachillerato, también se espera prontamente que la IA pueda conducir un camión más fácil y seguro de como lo hace una persona.

Los riesgos de la inteligencia artificial no deben tomarse a la ligera. A medida que avanza la tecnología de IA, nuestra vida cotidiana se entrelaza cada vez más con ella. Desde automóviles autónomos hasta dispositivos domésticos inteligentes, la IA se está convirtiendo en una parte integral de nuestras vidas.

Sin embargo, con la mayor presencia de IA viene un mayor riesgo. Los sistemas de IA pueden ser vulnerables a ataques maliciosos, y, si se ven comprometidos, podrían tener graves consecuencias. La IA también se puede utilizar para fines no deseados, como vigilancia o para manipular el comportamiento de las personas.

La IA podría tratarse de una amenaza especialmente grave para las democracias. En la democracia se ofrece un marco para el diálogo organizado y continuo, pero ¿qué pasaría si la IA se apodera de este diálogo?, se acabó la democracia?

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Lo primero que debemos decir sin adentrarnos en las dificultades internas del equipo Atlético Nacional con sus barras, es que el manejo durante y después de ese partido no fue el adecuado ni por el alcalde ni por el secretario de Gobierno del Distrito, quienes debido a su cercanía con actores que se encuentran en ese conflicto en vez de conciliar los ánimos lo que hicieron fue fortalecer el discurso de confrontación entre los empresarios dueños de este equipo y grupos de barristas, imponiendo ese discurso político de lucha de clases, como si acá también se tratará del GEA y los sectores populares que dicen representar, pero ahora con el grupo Ardila Lülle y los barristas de una tribuna, tomando partido hacía estos últimos.

En segundo lugar se encuentra como se ha venido manejando, no solo en esta administración, el tema de la seguridad en el estadio Atanacio Girardot, ya que a partir de la Política Pública de Cultura del Fútbol aprobada desde el año 2017 se están invirtiendo rubros en temas que buscan espacios de interacción entre hinchas de sus dos equipos y el distrito de Medellín, sin embargo cabe preguntarnos, si como se ha venido realizando, el código de policía y convivencia ciudadana permite que particulares puedan prestar servicios por así llamarlos logísticos de seguridad en eventos, cuando estos deben estar a cargo de quién lo realiza y de las autoridades competentes.

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Esto significa que las acciones y decisiones que tomen los adultos, las familias, las comunidades o las instituciones deben garantizar y priorizar el bienestar de los niños, niñas y jóvenes, además de respetar el goce y ejercicio de todos sus derechos.

Así mismo, se debe tener en cuenta sus necesidades de seguridad, salud integral, atención psicosocial, participación y acceso a la justicia o servicios legales.

Aunque la Convención hace parte del Bloque de Constitucionalidad, los legisladores colombianos realizaron la presentación, discusión, trámite y aprobación del proyecto de Ley 2089 de 2021, por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones.

Sin embargo, y contrario a las mayorías que aprobaron este proyecto de ley en el Congreso, el aumentar penas no disuade el comportamiento de violencia infantil en Colombia.

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La reforma política fue la moneda con la que el gobierno nacional pretendió atraer a los congresistas y a los partidos políticos con el fin de impulsar otra serie de proyectos que hacen trámite en el congreso, las reformas a la salud, laboral, pensiones, sometimiento de bandas criminales y el Plan Nacional de Desarrollo.

Con el trámite de la reforma política se puso en juego la transparencia del sistema electoral y político, por ejemplo, el mico de las listas cerradas beneficiando en la próxima elección a los actuales congresistas era escriturar eternamente a quienes allí ostenta hoy una curul, se acababa con la poca democracia interna que obliga al menos en el papel, a tener en la actualidad a los Partidos y Movimientos Políticos para conformación de sus listas, creando una especie de gamonalismo nacional y regional en el que el cupo en la lista ya estaba asegurado según el orden de llegada en 2022.

Permitía la tolerancia al transfuguismo de quienes quisieran pasarse de partido, eso quiere decir, que quienes ostentan una curul a nombre de un partido podían irse a conformar otro movimiento o partido y sacar una nueva lista cerrada en las elecciones al congreso de 2026 como si no fueran pocos los movimientos y partidos que hoy ostentan personería jurídica, treinta y cuatro (34) hasta el momento según el CNE.

También permitía que los congresistas en el momento que quisieran fueran e hicieran parte del ejecutivo ocupando cargos como ministros y otros, como si Colombia fuera un sistema Parlamentario, pero además les daba la opción de volver a sus curules en el momento que así lo decidieran, porque estas curules se les reservaría, violando a todas luces la independencia de los poderes públicos.

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