11El alto tribunal comprobó que desde la cárcel de Bello donde permanecía recluido el exgobernador, confirmaron que su conducta dentro del penal fue “ejemplar”, otro motivo por el que se le otorgó su libertad.
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La Corte Suprema de Justicia le otorgó la libertad condicional al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, condenado en octubre de 2021 a ocho años de prisión por el delito de concierto para delinquir con el fin de promover grupos armados ilegales.
En ese sentido, la Sala de Primera Instancia confirmó el arraigo familiar de Ramos Botero, teniendo en cuenta que desde antes de ser enviado a prisión vivía en una finca en Rionegro.
El fallo de la Corte explica:
“(…) No hay duda de la ubicación geográfica de dicho domicilio, de su residencia fija en ese lugar y la convivencia con su núcleo familiar, conforme lo acreditan fotografías del inmueble e imágenes de georreferenciación, amén de las manifestaciones de amigos, familiares y trabajadores (…)”.
Además, la Corte comprobó que, desde la cárcel de Bello, donde permanecía recluido el exgobernador confirmaron que su conducta dentro del penal fue “ejemplar”, otro motivo por el que se le otorgó la libertad a Ramos Botero.
Así mismo, el alto tribunal determinó que desde su detención en noviembre de 2016 a la fecha se pudo demostrar que:
“(…) Se ha descontado más de las tres quintas partes de la pena impuesta, ya que ha sumado más de 57 meses, que corresponden a la proporción mínima de pena a cumplir, lo que basta para dar por acreditado este requisito (…)”.
En julio de 2022, un juez de Bogotá envió a la cárcel a Luis Alfredo Ramos para que cumpliera la condena de casi ocho años por vínculos con grupos al margen de la ley para promover su candidatura a la Gobernación de Antioquia y al Senado de la República en contraprestación de promoverlos durante el ejercicio de sus funciones una vez elegido, hechos que realmente ocurrieron cuando se desempeñó como senador entre los años 2001 y 2007.
Con respecto a las declaraciones de exparamilitares que hicieron parte de los bloques Cacique Nutibara, Minero, Metro, Bananeros, Elmer Cárdenas, Central Bolívar y el Frente Cacique Pipintá, la Corte señaló que desde el Congreso, Ramos Botero buscó que la Ley de Justicia y Paz, fuera más benévola para los aludidos grupos ilegales como se discutió en el Legislativo en el año 2005.
La Corte Suprema de Justicia argumentó en su momento que es claro que Ramos Botero asistió conscientemente a una reunión de “Bellanita”, sin contar con la autorización legal del Gobierno Nacional para adelantar acercamientos, diálogos o negociaciones con grupos al margen de la ley.
Ramos Botero también recibió dinero del excomandante del Bloque Centauros, Miguel Arroyave, además que a finales del año 2000 se reunió en el centro comercial Obelisco con alias Jota, integrante del Bloque Metro.
La Corte fue clara en señalar que Luis Alfredo Ramos recibió apoyos del Bloque Centro, del Cartel de la Gasolina, y, además, tuvo contacto directo con Carlos y Vicente Castaño, exjefes paramilitares.
También dijo el alto tribunal, Ramos Botero recibió dineros de Sierra Ramírez en la campaña del 2002 y tuvo colaboración por parte de Miguel Arroyave, excomandante del Bloque Centauros de las Autodefensas.
