La exsecretaria de Servicios Administrativos, Vera Cristina Ramírez y el líder de Bienes e Inmuebles de Medellín, Jorge Mario Velásquez, quienes vendieron a terceros el Lote 24, ubicado en la Plaza de Mercado la Mayorista, al parecer, tendrán que asumir un detrimento patrimonial por unos $10.200’000.000 (diez mil doscientos millones de pesos) de acuerdo con el fallo en primera instancia por parte de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, adscrita a la Contraloría General de Medellín.
Al inicio de esta semana, el organismo de control fiscal adelantó la respectiva audiencia pública en la que se determinó que los funcionarios, que laboraron bajo las directrices del exalcalde Aníbal Gaviria, tendrán que responder por la venta irregular de dicho predio.
Como es de esperarse, los implicados, que deben estar de infarto con ese revés, apelarán esa decisión que tendrá que analizar en segunda y última instancia el despacho de la Contralora General, Patricia Bonilla Sandoval.
Desde mediados del año 2016, el organismo de control inició un proceso de Responsabilidad Fiscal por detrimento patrimonial contra los dos exfuncionarios gaviristas que vendieron el Lote 24 de la Mayorista por debajo del avalúo comercial.
La Contraloría declaró, en su momento, medidas cautelares como el embargo de bienes de las personas implicadas en la investigación. A Vera Cristina Ramírez le embargaron el 26 de mayo de 2016 los bienes con matrículas inmobiliarias 001-1023745 y 001-1023840. Igualmente el 2 de junio se embargó el bien con matrícula 001-619(…) del que se solicitó levantar la medida pues es la residencia en donde vive como madre cabeza de familia con sus dos hijos.
Durante el proceso del último embargo pudo comprobarse, además, que el inmueble donde vive la señora Ramírez con sus hijos tiene una hipoteca desde el mes de diciembre de 2009 por una cuantía indeterminada a favor de la firma BANANERA FUEGO VERDE S.A, al parecer, de propiedad de la familia de los Gaviria Correa.
Sobre esa situación, Vera Cristina Ramírez presentó dicha hipoteca como otro de los argumentos para evitar el embargo por parte de la Contraloría General de Medellín. El organismo de control fiscal ratificó el embargo de los inmuebles el jueves 4 de agosto de 2016.
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