OJO CON SU VOTO, MEJOR, NO VOTE

OJO CON SU VOTO, MEJOR, NO VOTE

La meta del Gobierno es recaudar $26.1 billones de pesos.

Quién saldría a votar en las elecciones para Congreso en marzo del 2022…

La reforma tributaria disfrazada de “Ley de Solidaridad” que empezará trámite en el recinto de los ilustres padres de la patria es otro asalto a mano armada contra para las clases menos favorecidas del país.

El pago de impuesto de renta para las personas naturales que devenguen salarios de $1’690.000 (un millón seiscientos noventa mil) y $2’400.000 (dos millones cuatrocientos mil pesos) es un golpe frontal contra la población que hace parte a las clases socioeconómicas media y baja.

La reforma diseñada por el impopular ministro de hacienda Alberto Carrasquilla y su equipo de sabios, contiene también el pago de IVA a servicios públicos domiciliarios por parte de los estratos 4, 5 y 6, que, además, seguirán pagando los subsidios para los 1, 2 y 3.

Sin embargo, hay luz al final del túnel, la “Ley de Solidaridad”, podría tener sus días contados por la sencilla razón que los congresistas, senadores y representantes que se pegan de un clavo caliente en campaña, tendrían que decidir entre la mermelada del gobierno de Iván Duque y el sacrificio de sus curules del Congreso que perderían en caso de aprobar semejante adefesio.

Carrasquilla, que habla más bien poquito, explicó que la meta es que los colombianos que ganen mensualmente $1,6 millones comiencen a declarar renta con una tarifa cero, y aclaró, que a partir de $31’000.000 (treinta y uno millones de pesos) de ingresos anuales tendrían una tarifa del 0.2% y hasta llegar a un tope máximo del 34% para colombianos que ganen anualmente más de $2.000’000.000 (dos mil millones de pesos).

Beto, añadió, además, que la reforma planteará un impuesto para las pensiones superiores a los $7’000.000 (siete millones de pesos), el impuesto al patrimonio sería por dos años y deducible de renta, el impuesto a los dividendos pasaría del 10 al 15% y se crearía el impuesto solidario para los funcionarios públicos con ingresos superiores a los $10’000.000 (diez millones de pesos) y una tarifa del 10%.

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