Después que el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos se entregara en la Estación de Policía del municipio de El Retiro, su familia emitió un comunicado en el que manifiestan que defenderán el buen nombre del político conservador, injustamente condenado por parapolítica.
“De nuevo, nos vuelven a separar de nuestro esposo, padre y abuelo. Luis Alfredo Ramos vuelve a estar injustamente privado de su libertad, tras ser procesado por ser quien es y no por sus actos.
Hemos sufrido como familia, durante más de doce años, una infame persecución a un hombre que ha entregado su pasión al servicio público de manera transparente y con las mejores calificaciones ciudadanas.
Reafirmamos nuestra decisión de defender hasta el último día de nuestras vidas el buen nombre y la inocencia de Luis Alfredo Ramos, quien jamás mereció el absurdo fallo del cual es víctima, donde se ignoró su limpia trayectoria pública y privada, y, al contrario, se dio credibilidad a delincuentes conseguidos en las cárceles por tenebrosas manos. Agradecemos a tantas personas que de manera solidaria han sumado sus voces a la injusticia padecida”.
Comunicado de la familia Ramos Maya ante la injusticia contra Luis Alfredo Ramos. pic.twitter.com/97rBDBtyqM
— Luis Alfredo Ramos (@LuisAlfreRamos) July 7, 2022
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El exmandatario seccional quien estaba en libertad desde el año 2016 se entregó para continuar pagando la condena después de que el Juzgado 28 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá expidiera la orden de legalización de captura a finales de mayo, que se hizo efectiva gracias a su entrega.
Ramos Botero fue condenado por concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales con parapolíticos.
En la comunicación del juzgado, se ordena al INPEC que le asigne un centro penitenciario para cumplir la condena de 7 años y 9 meses de prisión, impuesta por la Corte Suprema de Justicia el primero de octubre del 2021 y confirmada en segunda instancia el 20 de abril del 2022.
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Según el alto tribunal, Luis Alfredo Ramos hizo parte de una asociación paramilitar y desde la que promovió sus aspiraciones al Senado de la República y Gobernación de Antioquia.
De acuerdo con el exgobernador el fallo es injusto: «sin prueba alguna y basándose en testimonios de reconocidos falsos testigos, se concluye que se me condena por ser quien soy y no por mis actos”.
