jueves, abril 18, 2024

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NEGATIVA DEL DESPACHO

«(…)Lo invito a que demos una discusión trasparente e informada de la complejidad y necesidades adicionales que tiene el país en términos de infraestructura. Por todo lo anterior, usted entenderá que la repuesta a su solicitud es negativa (…)».

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Un “silencio mudo” permeó el espacio de la gobernación de Antioquia después de conocerse la carta de contestación que envió el presidente de la república Gustavo Francisco Petro Urrego a través del ministro de Transporte, William Fernando Camargo al mandatario seccional, Andrés Julián Rendón Cardona.

Mientras la carta llegaba al escritorio del gobernador, el “eterno” Álvaro Uribe presentó la propuesta para que un millón de paisas ofrecieran en calidad de donación o préstamo $1’000.000 (un millón de pesos) con el fin de recaudar $1 billón de pesos para culminar el Túnel del Toyo y los 400 metricos de la 4G en jurisdicción del municipio de Titiribí, suroeste del Departamento.

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La populista propuesta de Uribe para demostrar una vez más la “berraquera” de los paisas al país, quedó valiendo tres pesos por el contenido de la carta del ministro en la que claramente explica la situación financiera por la que atraviesan los proyectos de infraestructura donde el gobierno viene cumpliendo sus obligaciones, inclusive, desde el inicio del mandato de Petro.

Lo claro es que el deseo del gobierno departamental de asumir el compromiso de culminar esas dos obras de infraestructura está muy lejos de cumplirse.

El ministro empieza en su carta haciendo un contexto de las obras, pero más adelante aclara:

“(…) Ante su solicitud, se hace necesario reiterar que la obligación del Gobierno del Cambio a través del Invías reporta un avance físico del 79% de las obras del tramo 2 de las vías de acceso al Túnel del Toyo en el departamento de Antioquia. Lo que demuestra que no es cierto que la ejecución de los aportes de la Nación sea de tan sólo el 46% como lo afirma usted en la carta enviada al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

La inversión total del gobierno nacional en el proyecto, incluyendo túneles, puentes, obras a cielo abierto y equipos electromecánicos, se distribuye de la siguiente manera: En 2021 aportó 80.000 millones de pesos, en 2022 190.000 millones de pesos, en 2023 405.000 millones de pesos, y para el 2024 se tienen destinados 340.000 millones, y 329.000 millones de pesos para 2025, totalizando 1,1 billones durante el mandato del presidente Gustavo Petro.

Adicional a esto, no puede perderse de vista que el actual Gobierno, desde diciembre de 2022, le autorizó a la Gobernación de Antioquia tomar los recaudos de los futuros peajes de este tramo, con el fin de aportarle cerca de 355.000 millones de pesos para financiar la terminación del tramo que ejecuta la Gobernación; recursos que se constituyen en otro aporte adicional del Gobierno nacional (…)”.

Y continúa explicando el ministro:

“(…) En este sentido y para culminar exitosamente el proyecto, se requiere un financiamiento adicional que, según los análisis de las interventorías correspondientes, se estima en 765.000 millones de pesos para finalizar el tramo de la Gobernación de Antioquia y 550.000 millones de pesos para el tramo de Invías, por lo cual las partes deberán buscar alternativas que permitan obtener los recursos adicionales (…)”.

Como si fuera poco, como todo lo del pobre es robado, el ministro de transporte aprovechó su comunicación para notificarle al Departamento sobre la nueva demanda en su contra por incumplimientos en la entrega del peaje de Niquía en el municipio de Bello.

Esos incumplimientos son, sin lugar a dudas, del anterior gobernador Anibal Gaviria Correa y sus muchachos, herencia por la que hoy tiene que responder el actual mandatario Andrés Julián Rendón.

“(…) Por último, quiero aprovechar para informarle que, debido a los incumplimientos de la Gobernación, la ANI se vio en la necesidad de instaurar demanda en contra de la Gobernación de Antioquia por el no cumplimiento en la entregar de la estación del peaje Niquía, el cual fue vandalizado en mayo del 2021 bajo la tenencia de la Gobernación y debía ser entregado a la Nación en agosto de 2021. Por la no entrega de este peaje se condenó a la ANI a pagar al concesionario la suma de 67.000 millones de pesos para el periodo agosto 2021 y marzo 2023, razón por la cual se solicita esta pretensión de condena en contra de la Gobernación, así como la liquidación del convenio interadministrativo.

De no lograr la instalación del peaje Niquía, la ANI deberá reconocer al concesionario el tráfico que circule por la caseta de peaje, lo que puede significar pretensiones a favor del concesionario en una cuantía estimada de hasta 770.137 millones de pesos (precios constantes del 2023) (…)”.

Y termina explicando el delegado de Petro al gobernador de Antioquia:

(…) Lo invito a que demos una discusión trasparente e informada de la complejidad y necesidades adicionales que tiene el país en términos de infraestructura. Por todo lo anterior, usted entenderá que la repuesta a su solicitud es negativa por parte de mi despacho. Con lo anterior se da por atendida su solicitud”.

Ruben Benjumea
Soy periodista por vicio y bloguero por pasión y necesidad. Estamos fortaleciendo otra forma de hacer periodismo independiente, sin mucha censura, con miedo a las balas perdidas, pero sin cobardía.