Si el alcalde encargado, Óscar Hurtado no justifica la campaña sobre la congelación de los servicios públicos domiciliarios, además, de los gastos de servicios de restaurantes, Quintero, entre otros funcionarios, podrían ser investigados por detrimento patrimonial.
El alcalde encargado, Óscar Hurtado, tiene hasta la próxima semana para contestar las Observaciones Administrativas que adelantó la Contraloría Distrital de Medellín en el INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2022.
En caso de que Hurtado Pérez no conteste a dichas observaciones, cinco días hábiles posterior a la remisión del informe, de manera automática, se convertirán en hallazgos fiscales, lo que generaría investigaciones para determinar los responsables de haber malgastado los recursos públicos de la Alcaldía de Medellín.
En ese sentido, en el informe preliminar de la Contraloría se revela que la Secretaría de Comunicaciones habría incurrido en gastos innecesarios, que podría determinar una actuación con incidencia fiscal y administrativa.
Desde Comunicaciones, por orden del exmandatario Quintero, se invirtieron un poco más de $165’000.000 (ciento sesenta y cinco millones de pesos) para la instalación de 250 pasacalles con el fin de promocionar el congelamiento de los servicios públicos domiciliarios en cada una de las comunas de la ciudad.
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Las piezas decían:
“SABÍAS QUE EL ALCALDE DANIEL QUINTERO CALLE CONGELÓ LAS TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS”.
Para el ente de control fiscal, esta decisión no dependía ni del alcalde Quintero, ni del gerente de EPM por lo que se concluye:
“(…) que se constituyó en un gasto innecesario que no condujo a cumplir los objetivos del estado y no generó beneficio alguno. (…)”.
En el mismo Informe Preliminar de Auditoria Financiera y de Gestión de la Vigencia del Año 2022 se expuso, además, varias observaciones administrativas sobre el uso de la caja menor, o, mejor, Fondo Fijo Rotativo del despacho del exalcalde Quintero, utilizado entre el 2022 y el mes de julio de la presente anualidad.
El ente de control fiscal municipal detectó un posible detrimento patrimonial por $117’832.430 (ciento diecisiete millones ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos treinta pesos), de los que $116’766.215 (ciento dieciséis millones setecientos sesenta y seis mil doscientos quince pesos) fueron gastados en de servicios de restaurante sin autorización y certificación más $1’066.215 (un millón sesenta y seis mil doscientos quince pesos) en compras en otras ciudades.
El informe preliminar de la Contraloría Distrital, advirtió que el despacho del exalcalde Quintero sólo se certificó $7’799.790 (siete millones setecientos noventa y nueve mil setecientos noventa pesos) del total gastado en servicios de restaurante.
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De acuerdo con el informe:
“(…) Lo que significó que $116’766.215 no fueron autorizados y certificados con ocasión de las funciones o delegaciones en cumplimiento de las misiones oficiales y de las responsabilidades del Ordenador del Gasto. (…)”.
Explica, además el ente de control que parte de los gastos de restaurantes se hicieron en otras ciudades para las que se debió usar viáticos:
“(…) Concepto de servicio de restaurante en ciudades como Bogotá, Cartagena y Bucaramanga, es decir, se asumieron gastos con cargo al fondo fijo que debieron ser cancelados con los recursos de los viáticos. (…)”.
El informe preliminar es claro en enfatizar que muchos de los gastos fueron previsibles por lo que no se debieron asumir a través del fondo fijo:
“(…) Permiten concluir que no fueron urgentes, ni imprevistos, ni necesarios y no conducen al logro del cometido estatal, tal como lo establece el Artículo 1° del Decreto Municipal 1645 de 2006. (…)″.
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La Contraloría Distrital de Medellín reveló, además, que, con los recursos de la caja menor de Quintero, se pagaron servicios de panadería y bebidas que no constituyen ninguna necesidad para ser pagados a través del fondo fijo del despacho del alcalde. Según el ente auditor, se presentaron deficiencias en la programación de los gastos del fondo fijo, lo que representa una incidencia disciplinaria.
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